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ECONOMIA
El Universo
Sin presupuesto para pagar deuda al Seguro
El Gobierno de Rafael Correa está moroso con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Al 31 de diciembre pasado la deuda –que se genera por el no pago del 40% de las pensiones jubilares y otros pagos menores– ya ascendía a los $ 773,5 millones, según una carta enviada a finales del 2009 por parte del director general del IESS, Fernando Guijarro, a la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. La deuda está compuesta por lo pagos correspondientes a los últimos meses del 2008 (octubre-diciembre): $ 112,7 millones, y de enero-diciembre del 2009 ($ 660,8 millones). Tampoco ha cumplido con los pagos en lo que va del 2010. Más información:
El Comercio
Petroecuador comienza un nuevo período de transición
Hoy se cumplen dos años, tres meses y 15 días desde que la Marina asumió la administración de Petroecuador. Luego de 835 días al frente de la institución, la Armada da un paso al costado para dejar a uno de sus miembros en servicio pasivo como Presidente Ejecutivo. El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante (sp) Manuel Zapater, asume hoy la dirección de la petrolera con el respaldo de cinco oficiales que permanecerán en la supervisión de la reestructuración de la empresa que concluye en diciembre de este año. Más información:
Expreso
Los impuestos aminoran el déficit en la caja fiscal
Los impuestos no son tan populares entre los ciudadanos, pero al fisco le alivian el presupuesto anual. Son la fuente principal de los ingresos estatales, superando -incluso- las rentas percibidas por el denominado “oro negro”. Entre enero y febrero de este año, los ingresos tributarios captados a nivel nacional, sumaron $ 1.208 millones, una expansión del 25,6% respecto a los recaudados en igual lapso del año anterior. Una tendencia que vuelve optimistas los pronósticos del Gobierno: para el 2010 se prevé un monto global de $ 7.370 millones. Más información:
ACTUALIDAD
El Comercio
El Estado dio USD 100 000 a la Aldhu
La puerta de la oficina de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), en Quito, está cerrada. Sus integrantes acuden de forma esporádica y se reúnen en privado desde diciembre. En ese mes, el Ministerio de Gobierno intensificó una investigación por la asignación de fondos que esa Cartera dio a la Aldhu. En 2008, la asociación recibió USD 100 000, cuando el monto aprobado en la Pro forma Presupuestaria del año 2008, presentada por el Departamento de Presupuesto a la Directora Financiera, era de apenas USD 4 256. Más información:
Hoy
Ecuador y Venezuela rechazan informe
Los gobiernos de Ecuador y Venezuela, rechazaron el informe anual de los Estados Unidos, el cual asegura que en Ecuador, Venezuela y Cuba no se respetan los derechos humanos y la libertad de prensa. Respecto a los supuestos atentados a la libertad de prensa, el mandatario indicó que las leyes estadounidenses sancionan duramente a los medios de comunicación que cometan abusos en sus publicaciones. "Si la prensa (de ese país) publica la décima parte de las distorsiones que publican aquí, enfrentan tremendos juicios y tienen que pagar decenas de millones de dólares, pero aquí no hay nada y cuando se quiere poner esas defensas a la ciudadanía frente a los abusos, de un poder tan grande como es el poder informativo, le llaman atentado a la libertad de expresión," enfatizó Correa. Más información:
La Hora
Las reglas para peculado cambian
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvió incorporar a la normativa legal del país, el requisito previo imprescindible para la iniciación de una instrucción fiscal por peculado o enriquecimiento ilícito de un funcionario público, el informe de la Contraloría General del Estado en el que se establezca la presunción de responsabilidad penal en estas infracciones. Para el efecto, los Jueces Nacionales consideraron que la sustanciación de los procesos de peculado y enriquecimiento ilícito sin que previamente se hayan incorporado los informes por indicios de responsabilidad penal, emitidos por la Contraloría, ha contribuido a la inseguridad jurídica en el país, así como a la impunidad de los procesados por estos delitos. Más información:
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