Para que en Iberoamérica podamos alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, es fundamental impulsar el crecimiento económico y para ello la inversión privada juega un papel fundamental.

Debemos recuperar el atractivo de nuestra región como destino de inversiones mundiales, que ha retrocedido un 7% en los últimos diez años en materia de inversión extranjera directa (IED). Para tal fin, debemos trabajar por la libertad de empresa y la libertad económica, dos factores fundamentales para impulsar el desarrollo económico de nuestra región. Del mismo modo, debemos abogar por marcos normativos adecuados y estables, que faciliten de manera armónica las legítimas aspiraciones y anhelos de los distintos grupos de interés de nuestras sociedades, evitando ausencias o excesos.

Los flujos de capitales extranjeros se relacionan con la voluntad de permanencia de la empresa inversora en el país de destino; su interés es establecer encadenamientos productivos con la economía local; y la  promoción de transferencia y diseminación de capacidades tecnológicas y de buenas prácticas de gestión. Todo ello, impactando de manera directa en la agenda global de desarrollo, especialmente en el ODS 09 (“Industria, innovación e infraestructura”) y en el ODS 17 (“Alianzas para lograr los objetivos”).

Para lograr este cometido, las inversiones no se deben regir solamente por criterios financieros y de maximización de beneficios, sino que deben tener en cuenta su impacto en el medioambiente y en el conjunto de la sociedad, sin resignar en solvencia.

En este camino, el sector público es un aliado y actor clave para impulsar y estimular la inversión, a partir de políticas públicas con visión de largo plazo y programas de fomento que generen entornos favorables. La colaboración público–privada es una estrategia eficiente para lograr el desarrollo, dando respuestas inmediatas a problemas urgentes y soluciones viables a grandes retos.

Los aquí firmantes, en el marco del Encuentro Empresarial Iberoamericano, suscribimos el siguiente manifiesto:

  1. Nos comprometemos a seguir apostando por los países de Iberoamérica, a través de una mayor y mejor inversión que aumente nuestro potencial de crecimiento y genere empleos de calidad.
  2. Apostamos por un nuevo pacto social, que promueva las alianzas público-privadas y comprometa a todos los actores con el desarrollo sostenible, procurando retomar el crecimiento sin dejar a nadie atrás.
  3. Nos comprometemos con la defensa de los derechos de propiedad y la libertad de empresas, instrumentos claves para reducir los costes de transacción, mejorar la asignación de recursos y estimular la innovación.
  4. Asumimos el reto de la transformación digital de nuestra región, impulsando la mejora de nuestra productividad y competitividad, superando brechas y alentando la innovación y el emprendimiento.
  5. Nos comprometemos a invertir en el desarrollo de capital humano, haciendo nuestro aporte en formación y asistencia técnica.
  6. Reconocemos los desafíos en materia de desarrollo de infraestructuras y manifestamos nuestra disposición a colaborar en los grandes proyectos que integren y conecten Iberoamérica.
  7. Reconocemos la existencia de significativas brechas de género que condicionan el desarrollo de nuestras sociedades y asumimos el compromiso de promover una mayor integración de la mujer en el ámbito empresarial, evitando toda forma de discriminación arbitraria.
  8. Animamos a promover la transparencia y la ética pública y privada para alentar la inversión y mejorar la percepción de confianza de nuestras sociedades.
  9. Nos comprometemos a invertir en empresas y proyectos que generen un triple impacto positivo -económico, social y ambiental- alentando el cuidado del medioambiente, la inclusión social y la transición energética.
  10. Trasladamos un mensaje claro sobre el papel de las empresas en nuestras sociedades y en nuestra región, esta gran Iberoamérica de todos: sin iniciativa privada no hay desarrollo. Los empresarios no somos el problema, sino la solución.

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