El empleo en Ecuador presenta problemas estructurales, como informalidad y ocupación inadecuada, que demandan un entorno que promueva la generación de empleo a través de empresas sostenibles así como una legislación moderna enfocada en generar estabilidad como resultado de la productividad.
Es en ese contexto que consideramos que el Proyecto la Ley de Justicia Laboral, aprobado por la Asamblea Nacional en segundo debate, afectará a la conservación y generación de empleo productivo, ya que, como lo anotamos en su oportunidad, la normativa contiene aspectos que alejan al empleo sostenible que necesita el país, como se refleja en los siguientes temas:
• En el segundo debate, sin que haya constado en el texto original del proyecto de Ley, se incorporó la obligación de pagar una bonificación de desahucio en la terminación laboral aún cuando esta sea de mutuo consenso, generando un desequilibrio en la relación laboral en perjuicio del empleador.
• La eliminación del contrato a plazo fijo obstaculizará la generación de empleo, particularmente en personas jóvenes y sin experiencia laboral ya que se incrementarán los costos de transacción.
• La inclusión de la figura del “despido ineficaz”, para dirigentes sindicales, podrá provocar efectos negativos, como la ineficiencia en la prestación de los servicios o un incremento en la conflictividad laboral. Cabe recordar que el Código de Trabajo vigente ya prevé una indemnización especial para los miembros del sindicato en caso de un despido, por lo que no se debería incorporar esta figura.
• La aplicación de un techo a las utilidades, recibidas por los trabajadores, limita el fomento de la productividad y por tanto la posibilidad de que el trabajador pueda alcanzar legítimamente más beneficios en función su desempeño.
• Pese a que el sector industrial no coincide con conceptos como las brechas salariales y la responsabilidad solidaria, se debe resaltar que, en el proceso de discusión de la norma, fueron acogidas algunas preocupaciones en torno a estos temas. Cabe señalar que el proyecto de Ley viabiliza la creación del Consejo Nacional del Trabajo como mecanismo del diálogo tripartito.
Ratificamos nuestra profunda preocupación por las reformas aprobadas en materia de Seguridad Social, adoptadas sin los debidos justificativos actuariales actualizados y validados. Queda en juego la solvencia futura del IESS y por tanto la sostenibilidad del sistema de seguridad social, con el consecuente impacto negativo en las generaciones futuras.
El Ec. Richard Martínez, Presidente de la Federación, señaló que “cualquier reforma en materia laboral debe partir del diálogo tripartito, lo cual no ha sucedido en este caso y que el efecto de las reformas será una limitación a la generación del empleo productivo que requiere nuestro país a través de la inversión privada” Además, manifestó que “es necesario cambiar la visión de los actores en materia laboral y propiciar el diálogo abierto, encaminado a la definición de un marco normativo que apunte a la generación de empleo digno en empresas sustentables”.