“El proyecto de Ley no cumple con los objetivos elementales de la reactivación: más empleo, producción, innovación, competitividad, consumo e inversión.” Así lo dijo el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, ante los integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, en el marco de la comparecencia en torno al proyecto de Reforma Tributaria. Señaló que, lamentablemente, el equipo económico trata de introducir una ley de recaudación.
Detalló los motivos por los cuales la reforma no reactivará la economía: • Se insiste en los errores del pasado, lo cual genera desconfianza en los agentes económicos. Se pretende recaudar más lo que conlleva la no reactivación de la economía.
- Se mantiene un criterio de que la política fiscal debe estar por encima de la productiva. Se intenta dejar de lado la visión del sector productivo en la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, y en el Comité de Política Tributaria.
- Se desincentiva la democratización del capital pues amplia la responsabilidad por la gestión societaria a los accionistas –aun cuando no gestionan la empresa-; frena el dinamismo de la inversión entre privados. Así, Richard Martínez sugirió que debería eliminarse el impuesto a las ganancias de capital.
- Se eliminan los pocos incentivos existentes y mantiene los desincentivos. Por ejemplo, elimina la tarifa preferencial de IR a la reinversión de utilidades: por activos productivos, bienes relacionados con la investigación y tecnología, y proyectos o programas investigación científica o desarrollo tecnológico. También elimina deducciones del IR por provisiones por jubilación y desahucio.
- Genera más espacio para la ineficiencia de la administración tributaria ya que se amplían los plazos de caducidad y prescripción.
Asimismo, hizo referencia a la insistencia del equipo económico de intentar curar la enfermedad con lo mismo que la ha causado. Tal es el caso de la implementación de la tasa aduanera y su efecto nocivo a la producción. Sobre lo estipulado al respecto en el proyecto Ley mencionó que se abre la puerta a la creación de tasas recaudatorias, a través de la eliminación de la relación entre la tasa aduanera y el servicio aduanero, es decir legalizar el cobro de tasas sin dar contraprestación de servicios; y, pese al pago, se quiere ampliar el plazo para resolver los reclamos administrativo, duplicándolo de 60 a 120 días.
Martínez cerró con un mensaje del sector privado sobre la necesidad de enfocarse en lo estructural, como la reducción de los costos de producción, la ampliación de mercados y la adaptabilidad laboral. “Es imperativo que el Legislativo propicie un clima de consensos y a través de este espacio evitar confrontaciones que no ayudan al país”, mencionó el representante gremial.