La CIP recibió al Dr. Pablo Celi, Contralor General del Estado, con el objeto de analizar el plan de trabajo de dicha institución y asuntos de interés del sector productivo. Se reconoció la labor que realiza la Contraloría en la lucha contra la corrupción, así como la necesidad de recuperar la ética pública que sistemáticamente fue minada en el gobierno anterior. 

Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la CIP, hizo una presentación en la cual se expuso: 

• La inseguridad jurídica que se deriva de las recomendaciones que hacen los auditores de la Contraloría hacia los contratos firmados antre empresas privadas y el Estado, que, de facto, modifican a dichos documentos y cambian el equilibrio económico de los mismos afectando el principio de legalidad.

• La posición de la Contraloría para aceptar laudos arbitrales que ocasionan la judicialización de procesos entre empresas privadas y el Estado, que ahuyentan la inversión privada y aumentan los costos para toda la sociedad, incluyendo al propio Estado. 

• Las actuaciones irregulares de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en las provincias de Esmeraldas y Manabí, que han realizado cobros indebidos por más de 130 millones de dólares a las empresas, también fue expuesta al Contralor, quien informó que se están llevando a cabo exámenes especiales en algunos municipios y acciones específicas con otros órganos del Estado. 

Finalmente, se le propuso generar un grupo de trabajo conjunto, entre el sector privado y la Contraloría, para rescatar la facultad de asesoría y prevención que debe también cumplir esta institución, de esta manera la ejecución de los contratos entre el sector privado y el Estado, se podrán llevar de manera adecuada, para demoras o cambios contractuales. 

El Contralor estuvo de acuerdo en que el control preventivo de los contratos públicos, debe ser restituido para evitar complicaciones a futuro. De igual manera convino en la creación de un grupo de trabajo conformado por el sector privado, liderado por la CIP, para generar una serie de insumos que beneficien al país como por ejemplo un plan de recuperación de la integridad pública y un estatuto de principios de contratación pública en el Ecuador, este proceso debe ser acompañado incluso con la cooperación de organismos internacionales como BID, CAF, Banco Mundial, en miras a restituir la confianza en la sociedad ecuatoriana.

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