La Dirección de Ambiente y Seguridad Industrial ha participado activamente en el procedimiento legislativo del proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva. Se enviaron las observaciones del sector productivo a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y asambleístas. Además, la CIP compareció en dos ocasiones ante la Comisión, como resultado se instauraron dos mesas técnicas para el análisis de dichos comentarios.
En respuesta a nuestras gestiones, se obtuvieron cambios positivos en la ley, entre ellos resaltan:
- Dentro de los cuatro primeros años: los productores, importadores, distribuidores, proveedores de servicios, comerciantes, recicladores de base y gestores asociados recibirán capacitación sobre los mecanismos de implementación de los sistemas de gestión. Una vez transcurrido el plazo, estos actores deberán implementar de manera gradual y obligatoriamente los aspectos necesarios para el cumplimiento efectivo de esta Ley.
- La inclusión de la responsabilidad compartida del productor como principio rector de la ley.
- La eliminación de artículos que resultaban lesivos de derechos y que pretendían fijar precios mínimos para material reciclado.
- Se suprimió el listado de productos prioritarios que carecía de análisis técnico.
- Se excluyó el requisito de constituir y mantener vigente una garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al sistema de gestión.
- Conseguimos que se incorpore un texto para que los municipios otorguen incentivos tributarios como la disminución de un porcentaje de tasas y tarifas municipales, etc.
Como siguiente paso, la CIP continuará con los acercamientos con la Presidencia de la República, con el propósito de incidir en la modificación de temas que persisten dentro del proyecto legislativo de cara al veto presidencial, de manera que la ley en cuestión no genere duplicidad de obligaciones ni trámites adicionales para el sector productivo.