La Cámara de Industrias y Producción (CIP), a través de su Dirección Jurídica, participó en las mesas técnicas de discusión en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, ante la cual ha presentado las observaciones recogidas entre sus afiliados al proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, presentado por el Presidente de la República el 28 de octubre de 2021 con el carácter de urgente en materia económica.

Entre los comentarios expuestos, la CIP resaltó los aspectos positivos de la propuesta de Ley en materia de hidrocarburos, telecomunicaciones y turismo. Sin embargo, las  preocupaciones se centran en la brecha existente entre el compromiso fiscal que mantiene el Ecuador con los organismos multilaterales y lo que se pretende recaudar mediante la propuesta de Ley. En específico, las contribuciones temporales a las personas naturales y sociedades no abonan a un entorno de seguridad jurídica y desincentiva la inversión. De aprobarse la propuesta de Ley, las empresas pagarían en promedio el equivalente a otro impuesto a la renta durante dos años lo cual compromete la capacidad de reactivación y liquidez de las sociedades.

La propuesta principal generada por la CIP es la eliminación de las contribuciones temporales. De no ser esto posible, el otorgamiento de crédito tributario como anticipo a personas naturales y mediante notas de crédito a sociedades; la exclusión en la contribución a empresas holdings y acciones o derechos, a fideicomisos, así como la revalorización de activos por adopción de NIIFs.

Con respecto a las nuevas tarifas del Impuesto a la Renta (IR), se propone su aplicación temporal hasta alcanzar la meta de recaudación, y de no ser esto posible, que su aplicación inicie a partir de 2023. Adicionalmente, no modificar el régimen de deducciones de gastos personales al IR en salud, alimentación, vivienda y educación.  Para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se propone no gravar con el 12% a productos eléctricos y a servicios de páginas web y servidores digitales. Para el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se propone no aumentar la tarifa específica en alcohol y bebidas alcohólicas al ser una medida que incentiva la informalidad y el contrabando. Finalmente, se recomienda no modificar el régimen de inversiones a fin de que se discuta en una nueva Ley.

La Dirección Jurídica continuará generando aportes para lograr un verdadero pacto fiscal que asegure el equilibrio en las cuentas públicas, que defienda la liquidez y competitividad de las empresas, y que mantenga la capacidad de consumo de los ciudadanos.

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