La Cámara de Industrias y Producción (CIP) organizó el webinar: Herramienta de zonas francas en Ecuador para la reactivación económica este 5 de mayo de 2021. La expositora Sonsoles García, socia fundadora de COMERxEC, explicó sobre la importancia de tener una ley de zonas francas en el país, pues a nivel mundial estos territorios tienen por objetivo aumentar la competitividad, atraer inversiones, generar empleo, la transferencia de tecnología y la promoción del comercio exterior.
García se refirió a los beneficios que pretendía traer en este campo la Ley de Atracción de Inversiones del Gobierno Nacional, pero que fue rechazada por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, aseguró que con las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se mantenían las zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE) y se creaban las zonas francas.
La zona franca, según lo establecido en el proyecto, es un destino aduanero dentro de un espacio delimitado del país destinado para nuevas inversiones que serán realizadas por personas jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras que se constituyan a partir de la Ley de Inversiones. García señaló que además, las mercancías allí ingresadas, así como los servicios prestados, serían considerados fuera del territorio aduanero nacional.
“La extraterritorialidad en las zonas francas busca que la norma que regula ese espacio proteja la inversión y pueda flexibilizar o acomodar ciertos elementos jurídicos a las necesidades de los inversionistas que están en estos territorios”, detalló. La experta agregó que en la Ley de Inversiones también se buscaba incluir la posibilidad de hacer contratos laborales adaptados a los giros de negocio que se dan en las zonas francas. Sin embargo, esto no se incluyó. Las personas que trabajan dentro de la zona franca ganan entre un 30% a 50% más que los que laboran fuera de ella por la disponibilidad del flujo de caja que tienen las empresas; al tener menos cargas tributarias y menos cargas arancelarias les permite manejar mejor su flujo y buscan mano de obra especializada.
Según García, la Ley de Atracción de Inversiones también contaba con cláusulas para garantizar la estabilidad tributaria y seguridad jurídica. Por ejemplo, tendrían estabilidad en todos los incentivos tributarios durante el plazo de vigencia de su calificación. Entre ellos constaban que las empresas quedaban exentas del pago a tributos al comercio exterior; tarifa 0% para importaciones de bienes, insumos, materias primas, equipos, entre otros; exención de pago de Impuesto a la Renta (IR) por 10 años desde el siguiente año fiscal a la calificación y posteriormente reducción del 10% de la tarifa de IR por el resto del tiempo de la calificación; y crédito tributario por el IVA en compras locales.
Objetivos e impacto de las zonas francas
García detalló que los objetivos de las zonas francas son estimular, desarrollar y crear riqueza al país; fomentar y ser una herramienta para la generación de empleo; crear espacios de desarrollo que promuevan la competitividad en todo el territorio nacional, así como generar ecosistemas de innovación recombinante para el crecimiento del país; atraer e incentivar la inversión nacional o extranjera; promover cadenas globales de valor, y facilitar operaciones de comercio exterior de bienes y servicio.
Existen alrededor de 630 zonas francas en América Latina que generan alrededor de 984.812 empleos directos, y hasta tres veces más de manera indirecta. Aproximadamente 10.738 empresas están ubicadas en zonas francas en Iberoamérica. Además, en el 2019 se exportaron $ 38.000 millones desde ellas.
“Por cada dólar que el Estado no recauda en tributos en las zonas francas se generan en Costa Rica $ 6,2; en Colombia $ 3; en El Salvador $ 6; y en República Dominicana $ 5 para la economía del país, lo que quiere decir más poder adquisitivo, más créditos, más inversión, generación de más plazas de empleo y más dinero para la economía”, aseguró.