Vivimos en el Ecuador un escenario en el que unos pocos someten a la mayoría de la población a un ambiente de desconcierto, inseguridad física y jurídica. Más inestabilidad solo nos traerá mayor estancamiento económico y desempleo.

El país vive con desasosiego lo que podría ser el desenlace de una enorme inestabilidad política que ha generado incertidumbre en las actividades económicas de emprendedores, micro, pequeños, medianos y grandes productores, comerciantes, agricultores, constructores y hasta del consumidor.

La Asamblea Nacional debe tener presente que el país está vigilante de un accionar responsable, con apego irrestricto a la ley y a las instituciones. Es necesario, a partir de una nueva agenda legislativa, crear las condiciones para garantizar la seguridad y paz social, generar empleo pleno, reactivar al aparato productivo, mejorar la prestación de servicios, brindar certezas a la inversión y asegurar el acceso a salud y educación.

Exhortamos a la Corte Constitucional a que dé seguimiento a los lineamientos que estableció en el dictamen de admisibilidad del juicio político contra el Presidente de la República se cumplan a cabalidad y sancione su eventual incumplimiento. Salirse de ese cauce desembocaría en un precedente nefasto para la ya débil institucionalidad ecuatoriana, conspirando en contra de la necesaria seguridad jurídica, piedra angular del desarrollo económico de las familias ecuatorianas y del país.

La voluntad de los ecuatorianos es clara: vivir en paz, respetando irrestrictamente a la Constitución de la República y su marco normativo. Es momento de inaugurar una nueva política dispuesta a defender el Estado de Derecho, pensado en un entorno seguro que invite al crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, la generación de empleo y el desarrollo social, especialmente de los que menos tienen.

Hacemos un llamado a enfrentar la actual crisis con patriotismo y unidad. Con la necesaria y urgente rectificación por parte de todos los actores políticos.

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